La preocupación porque los poderes públicos puedan actuar de modo más abierto y transparente no puede excluir al Poder Judicial.La eficacia de la justicia, sin duda, está vinculada a la accesibilidad, a la información, a la transparencia, e, incluso a la simple amabilidad en el trato. La dignidad de la persona y los derechos que le son inalienables demandan la institucionalización de unos principios básicos que protejan a las personas cuando demanden justicia.

Todos estos principios pueden ser trasladados al ámbito del Poder Judicial y convertirse en una verdadera declaración de derechos de las personas frente a la Administración de Justicia, que aquí se presenta como texto articulado consensuado y firmado por los máximos representantes de los Poderes Judiciales Iberoamericanos.