Aprobada durante la XVI edición, con el objetivo de mejorar los niveles de protección y apoyo a las víctimas de los delitos ya que, pese a las importantes reformas procesales que se han acometido, no está todavía suficientemente garantizado, en la realidad iberoamericana, un verdadero equilibrio entre las partes procesales, debiéndose reconocer la situación de la víctima en el marco de un respeto a su dignidad y a sus derechos.