Los Tribunales y Cortes Supremas, los Consejos de la Magistratura y demás órganos de gobierno deben implementar y reforzar los procesos institucionales necesarios para hacer efectivos en la administración de justicia los valores y principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas, garantizando la máxima publicidad de sus actos y resoluciones, como instrumento democrático que refuerce la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, respetando los derechos fundamentales potencialmente afectados.