La calidad de la Justicia debe ser concebida como un eje transversal en el funcionamiento y organización de los Poderes Judiciales Iberoamericanos. Debe involucrar no sólo la satisfacción y requerimientos de las personas usuarias en relación con el servicio público recibido, sino también incorporar la celeridad y la simplificación de los procesos aprovechando los recursos disponibles para la mejora continua de la gestión. La calidad implica, entre otros aspectos, el desarrollo de la normalización de los procesos y de mediciones, por medio de indicadores objetivos, que permitan una adecuada y oportuna toma de decisiones para lograr una justicia eficiente.