El objetivo de esta actividad es promover y reconocer las Buenas Prácticas Judiciales a través de normativas y/o políticas públicas, medidas, facilidades y apoyos, que permitan mejorar las condiciones de acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas y ejecutadas por los Órganos Judiciales integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana.